UGT EXIGE AL AYUNTAMIENTO LEGALIDAD EN LAS ESCOLTAS

UGT exige al Ayuntamiento de Granada que cumpla la legalidad vigente respecto a los escoltas del Presidente de la Diputación.

Al no tener autorización del Ministerio del Interior, se esta poniendo en peligro la labor profesional de estos policías locales, en caso de que tuvieran que actuar fuera de Granada capital

José María Luis Domínguez, policía local, y delegado de UGT en el Ayuntamiento de Granada ha querido aclarar que, en relación al servicio de escoltas que se le está prestando al Presidente de la Diputación, las condiciones laborales y el marco legal en el que están trabajando dichos escoltas vienen recogidas por la Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales. Esta Ley, ha explicado, permite que los policías locales, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, puedan actuar fuera del término municipal respectivo. Pero para poder acogerse a esta situación previamente, ha aclarado, la normativa exige una autorización del Ministerio del Interior, para que todo el servicio que se realice fuera del municipio de origen (en este caso Granada capital), quede legalmente amparado. Autorización que a día de hoy, ha afirmado, no está concedida, por lo que ha calificado la situación de estos policías locales como “alegal”.

Esta situación, ha apuntado, conlleva un grave riesgo para los policías locales que están realizando este servicio, en caso que tengan que realizar alguna intervención en sus funciones como escoltas, ya que sin la mencionada autorización del Ministerio del Interior, no tendrían competencias como autoridad fuera de Granada capital. Considera que no vale la pena que estos trabajadores pongan en grave riesgo su labor profesional por unos pluses que se cobren de más.

También ha calificado como lamentable la doble política que se lleva en el Ayuntamiento de Granada referente a los trabajadores, creando dos maneras de catalogarlos: los privilegiados y los que no lo son. Esto quiere decir, ha dicho, que mientras que a estos compañeros se les paga una serie de pluses a otros se les recorta su sueldo un 43% (trabajadores de Bienestar Social).

Además, ha denunciado que la política de recortes del Ayuntamiento de Granada está haciendo también afecta a la Policía Local, ya que mientras están teniendo que asumir funciones que no son de su competencia, como es la apertura y cierre de los parques, no hay problema en ceder dos policías a la Diputación de Granada y que este Ayuntamiento esté pagando estos servicios cuando los está realizando para otra Administración.

En definitiva, el representante sindical de UGT ha exigido que se tomen las medidas oportunas para que, si van a seguir prestándose estos servicios, se realicen bajo el marco legal existente y no se ponga en peligro a los policías locales que lo prestan.